Noticias de Otavalo


 

Nada nunca fue igual para la familia García Espinosa, tras la noche del 12 de septiembre de 1993. Eran las Fiestas del Yamor en Otavalo y los hermanos Darwin y Plutarco salieron de su casa sin imaginarse que Darwin perdería la vida y Plutarco quedaría gravemente herido por disparos de un arma de fuego.

Luego de 24 años, en un acto oficial, el ministro del Interior, César Navas, expresó las palabras tan largamente esperadas: “Quiero comenzar pidiendo perdón a nombre del Estado ecuatoriano”.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural Metropolitano, del centro de Quito. Frente a los familiares de Darwin García, Navas; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; y el procurador, Diego García, suscribieron un acuerdo de reparación integral, ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una batalla de 23 años. “La Justicia es muy difícil de conseguir cuando ya no tenemos al ser querido, pero hay Justicia también en la memoria”, señaló Alvarado, emocionada.

En tono pausado y palabras simples, Esrida María García, hermana de Darwin y Plutarco, agradeció que el Estado haya optado por reparar los daños. No pudo dejar de recordar a su madre. “Nos dio mucha tristeza saber que mi mamá nunca superó que la propia Ley le quitara la vida a su hijo”, señaló, evocando también la memoria, la lucha y el sufrimiento que ese fatídico acto causó.

En efecto, la noche del 12 de septiembre de 1993, en el contexto de una riña, el policía segundo Néstor de la Cruz, presuntamente en estado etílico, disparó el arma reglamentaria contra los hermanos.

47.000 policías tiene actualmente el país. Solamente Esrida María García pudo hablar por parte de la familia, ya que la viuda de Darwin no pudo contener las lágrimas, recordando que tuvo que sacar adelante sola a sus dos hijos. “Por culpa de esos malditos que le quitaron la vida a mi esposo, me disculpan, por favor”. Abrazada de uno de sus hijos, apenas alcanzó a añadir: “Dios les pague, se hizo justicia”.
Reparaciones

El Estado se comprometió a pagar una indemnización a la familia García por 266.943 dólares. Sin embargo, la Procuraduría instó a que se ejerza “el derecho de repetición contra los funcionarios que comprometieron la responsabilidad internacional del Estado en el presente caso”.

Navas expresó que, además de ese pago y de las disculpas públicas que él personalmente ofreció a nombre del Estado, el Gobierno coordinará medidas reparatorias, incluso de orden sicológico, por la afectación emocional que el asesinato y la posterior lucha de 23 años dejaron en la familia.

Una de las principales medidas que, según Navas, ha implementado el Estado a raíz de estos casos es la capacitación en Derechos Humanos a los 47.000 policías, hoy “servidores al servicio de la ciudadanía”. Dijo que “esto no va a volver a repetirse” y, si sucede, “seremos los primeros en enfrentarlo”.

El caso llegó a la CIDH el 9 de noviembre de 1994, gracias a la intervención de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). La CIDH determinó que en este caso se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal,  a las garantías judiciales y a la protección judicial.

 

Fuente: www.lahora.com.ec

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